Sobre la marina mercante y la industria naval
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La
peor contradicción en la que puede caer el proyecto de reactivación de
la industria naval y la marina mercante es incurrir en una injusticia
para hacer justicia.
Por un lado, el Gobierno apunta a saldar deudas con un
sector olvidado que no declinó reclamar, desde hace más de una década,
una nueva ley, y que se conformó con un gesto. En este sentido, la
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables les entregó un proyecto de
norma. El gesto, para hacer justicia, llegó.Por otro lado, en ese período amplio de abandono, algunos empresarios buscaron en el exterior la pata clave: el financiamiento. Sin fondos para la prefinanciación, la industria naval nacional que pudo recurrir al exterior se capitalizó y salió adelante. En tanto, los armadores bucearon aguas parecidas para poder chartear buques.
Así las cosas, el proyecto oficial tiene una bisagra: propone el acceso a los beneficios fiscales para todos, pero financiamiento sólo para armadores que tengan una composición accionaria mayoritaria en manos argentinas (51%). Y los que no cumplan con esta pauta societaria y tengan mayoría extranjera en sus estatutos, gozarán de los incentivos impositivos siempre que reinviertan en el país parte de sus utilidades.
De esta manera, el desafío oficial es lograr "el justo medio", y un consenso necesario que por las repercusiones inmediatas parece complicado. Empresas como Maruba y Petrotank, ciento por ciento nacionales, respaldan el proyecto. Otras, con décadas de operaciones en el país -que tuvieron la posibilidad, y osadía, de fondearse en el exterior- creen que podrían generarse asimetrías competitivas si no se afina el lápiz para escribir la letra chica.
Dicho sea de paso, "el mundo se cae encima" de todos, no sólo del Gobierno. Y si las empresas argentinas de capitales extranjeros, como gusta llamarlas el secretario Guillermo Moreno, logran fondearse en el exterior, lo hacen también con el costo del riesgo país argentino: sus factores de competitividad se enturbian ante variables que están fuera del alcance de las propias empresas.
Primeras respuestas
No obstante, las reacciones son epidérmicas: las manifestaciones en contra parecen enérgicas, pero en privado no hay mayor preocupación. Varios empresarios de ambos rubros (industria naval y marina mercante) sostuvieron, por separado, que no creen que el proyecto tal como está redactado vea la luz."No creo que tal como está salga. Dudo de que Randazzo [Florencio, ministro del Interior y Transporte] lo deje pasar", señaló uno. Otro, en cambio, fue más "numeral": "Con los problemas de caja que tiene [el Gobierno] es utópico pensar en beneficios fiscales y en fondos fiduciarios o leasing naval con el 0,5% del presupuesto nacional. Es una expresión de deseo", agregó.
"¿Querés dejarme afuera del financiamiento? Ok. Pero no me dejes afuera de los incentivos porque la asimetría va a ser evidente: la estructura de costos va a ser diferente entre los armadores", señaló un armador crítico de la medida.
Otro, que sí la apoya en líneas generales, ponderó: "Me parecen perfectos los beneficios para los que somos argentinos. El financiamiento, por ahora, no lo tomo en cuenta porque: ¿A qué tasa va a ser? Nadie sabe", estimó.
En tanto, de modo institucional, el sector privado se expresó. Sus impresiones no fueron ecuánimes. Las divisiones son evidentes. Varios van a faltar a la foto familiar.
La Cámara de Armadores de Bandera Argentina (Carba); la Cámara Argentina de Empresas Navieras y Armadoras (Caena); la Cámara Naviera Argentina (CNA), y la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA) destacaron, en líneas generales, que se dejan afuera de los beneficios a una gran parte de los operadores en el cabotaje e incluso a importantes astilleros.
Carba, por caso, señala que el proyecto "restringe la capacidad de charteo que tiene el decreto 1010/04", lo que consideran "vulnera derechos adquiridos". Reclama que se consideren "las asimetrías con el resto de los países de la región", y su impacto en la competitividad.
Por su parte, Caena advierte que, tal como está redactado, los requisitos para ser considerado armador nacional y gozar de los beneficios "harían desaparecer inmediatamente por restricciones de acceso al tráfico y/o enormes desventajas competitivas a tradicionales empresas de nuestro sector", tras agregar que el proyecto arranca así "con una reducción aproximada del 70% o más de nuestra flota, despidos masivos, cierre de empresas, etc". Dentro de Caena, Petrotank se manifestó en favor del proyecto.
A su turno, la CNA manifestó también su desacuerdo con el artículo 13 porque entiende que su aprobación "significaría la desaparición de más del 70% de la flota que opera en el sector", tras lo que añade que la situación derivaría en "pérdidas de fuentes de trabajo que serían suplantadas por naves extranjeras con tripulantes extranjeros autorizados a operar por el sistema de waivers ante la falta de bodega".
La CNA propuso la siguiente alternativa: incluir en los beneficios a los armadores y astilleros constituidos en el país y con actividad en los dos años inmediatos anteriores.
Maruba, miembro de la CNA, objetó la postura institucional porque entiende que las empresas que no cumplan con el requisito del 51% "no van a desaparecer". Sí defiende la naviera nacional que los beneficios queden en las empresas argentinas dado que las empresas de capitales extranjeros acceden a esquemas de financiación en el exterior. En esta misma línea se expresó el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Horacio Tettamanti, al ver la repercusión privada del proyecto (ver aparte).
La FINA, como institución, también mostró su beneplácito con la iniciativa. Pero debió ceder a los reclamos de las cámaras marplatense (que reclamó considerar la hipoteca naval como garantía y la no exclusión de los buques pesqueros del régimen) y de la santafecina, cuyo principal astillero (Punta Alvear) es de capitales extranjeros.
La FINA sugirió "normar hacia adelante" y no excluir del registro a los astilleros existentes, siempre que acrediten la reinversión en el país del 50% de los beneficios obtenidos. Al respecto, Tettamanti aclaró que los beneficios serían para todos. El financiamiento, en cambio, quedaría reservado sólo para argentinos.
Juan Antonio Torresín, presidente de la FINA, dijo: "Es difícil verle puntos flojos cuando es algo que reclamamos hace tiempo". No obstante, la FINA respondió el proyecto modificando 20 de los 60 artículos. "Creemos que el 90% de las modificaciones planteadas van a ser incorporadas", agregó. Entre ellos, la creación de la Dirección de la Industria Naval.
En la mesa de negociación, incluso trascendieron comentarios que rozaron la ingenuidad, a propósito de una cláusula que sugería "un plazo de adecuación" para encuadrarse en el régimen: que armen empresas con testaferros. Una forma políticamente incorrecta de generar figuras que, con la compra de algún artefacto naval o buque, logren "capacidad de charteo".
Como fuere, los beneficios propuestos por la norma son por un plazo de 10 años.
El sabor agridulce es el que siempre marca la relación entre el Estado y el sector privado: ambos quieren lo máximo del otro, pero si eso implica resignar lo propio, difícil es llegar a un acuerdo. Ahí nacen las cuñas y, peor aún, los acuerdos parciales. En las sombras.
decisiones
En el sector de puertos, vías navegables y transporte, el Gobierno tiene dos decisiones firmes. El secretario de Transporte, Alejandro Ramos, manifestó en un comunicado: "Es decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fortalecer al transporte, tanto a la red ferroviaria como al sector marítimo-fluvial, para mejorar la conectividad y potenciar la industria nacional". La segunda decisión: avanzar a toda máquina en el proyecto inmobiliario "caratulado" como Polo Audiovisual. Parece que la extensión de Puerto Madero generará excelentes locaciones fílmicas. Y negocios millonarios.los puntos clave del borrador
- Armadores y astilleros nacionales.
Se crean dos registros ad hoc y, para acceder a los beneficios de la norma, la dirección, control y capital con poder de decisión debe pertenecer a argentinos en un 51% mínimo.
- Importación de buques.
Ingresan libre de aranceles los buques de 0 a 5 años de antigüedad. Cuando la antigüedad sea de 5 a 10 años, el arancel será del 5%.
- Financiamiento y beneficios.
El 0,5% del presupuesto nacional se destinará al leasing naval. Se prevé la exención del IVA (por 10 años), del pago de ganancia mínima presunta y otros incentivos fiscales.
